las causas que lo originaron siguen sin
resolverse
Imagen: Instituto Bartolomé de
Las Casas.
El derecho al territorio sigue siendo el más
amenazado para los pueblos indígenas. Se insiste en un modelo que prioriza lo
económico sobre los derechos de los PPII y los estándares ambientales.
Por Ismael Vega Díaz*
CAAAP, 5 de junio, 2018.- Los problemas de fondo que explican la situación
de los pueblos indígenas siguen siendo los mismos hoy como hace nueve, veinte o
cincuenta años. Los pueblos indígenas aún no tienen seguridad sobre sus
territorios y esto afecta el derecho más importante que tienen, que es, precisamente,
el derecho al territorio.
El Estado ha buscado imponer en
ellos un modelo de desarrollo que prioriza la inversión privada y los intereses
económicos. Más allá de los gobiernos de turno, los derechos de los pueblos
indígenas siempre han estado en segundo plano, lo mismo que los estándares
ambientales.
Esto se refleja claramente en lo
legal y normativo; se cuenta con una Ley de Consulta Previa, pero a la vez se
cuenta también con la aprobación de leyes, decretos y resoluciones que van en
contra de dicha ley y desconocen la propiedad de los indígenas sobre sus
territorios.
El Estado ha demostrado una y
otra vez que no es capaz de solucionar el problema de la titulación y
reconocimiento de las tierras y territorios habitados desde tiempos ancestrales
por los pueblos indígenas, quienes son sus dueños.
Los últimos “paquetes
ambientales” auspiciados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, expresados en
leyes como la N° 30230 y N° 30327, hasta la que actualmente se viene
impulsando, la ley N° 1718 que busca sustituir al Decreto Legislativo 1333
conocido como la ‘ley del despojo’, todas tienen como prioridad exclusiva
flexibilizar los requisitos y condiciones para que los inversionistas privados
accedan más fácilmente a los territorios de los pueblos indígenas para iniciar
proyectos extractivos, megaproyectos de infraestructura y monocultivos.
El Estado ha demostrado una y
otra vez que no es capaz de solucionar el problema de la titulación y
reconocimiento de las tierras y territorios habitados desde tiempos ancestrales
por los pueblos indígenas, quienes son sus dueños. Además de aprobar leyes que
atentan contra sus derechos más importantes, se sigue postergando la solución a
la titulación de aproximadamente 3000 comunidades de la Amazonía y los Andes.
Esto demuestra que la situación de los pueblos indígenas y sus derechos no ha
mejorado, y como dijo el Papa Francisco en su discurso en Puerto Maldonado, los
pueblos indígenas amazónicos y andinos se encuentran hoy más amenazados que
antes.
Ante ello, los pueblos indígenas
no solo siguen resistiendo y luchando para exigir el respeto de sus derechos.
Ellos también vienen llevando a cabo diversos procesos organizativos para la
defensa de sus territorios que buscan afirmar y consolidar su propuesta de Vida
Plena y Buen Vivir.
La construcción de territorios
integrales o ancestrales de varios pueblos indígenas amazónicos, la creación de
Gobiernos Territoriales Autónomos, la articulación de varias comunidades para
asegurar su continuidad como pueblos, constituyen algunas de las estrategias
que haciendo uso de su derecho a la libre determinación, reconocido en leyes
internacionales suscritas por el Estado peruano, buscan el respeto y
cumplimiento de sus derechos.
Aún estamos muy lejos de ser un
país donde se respete y aplique la interculturalidad, porque lo intercultural
no se construye ni mucho menos se resuelve con leyes, decretos o algunos
documentos traducidos a un idioma indígena, sino con un auténtico diálogo
intercultural que debe basarse en el reconocimiento de los/as otros/as, en este
caso de los pueblos indígenas, como sujetos plenos de derechos y además con
derechos especiales.
En este sentido, el Estado aún no
renuncia a su afán integracionista y homogenizador, aún no se incluye a los
pueblos indígenas en la toma de decisiones que afectan, por ejemplo, sus
territorios.
La interculturalidad aún sigue
siendo una aspiración, comprendida y compartida por una minoría en el país.
Actualmente, la interculturalidad es más una formalidad para el Estado, un
“check” en la lista de las autoridades y una palabra aún extraña para la
mayoría de la sociedad nacional.
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*Ismael Vega Díaz es antropólogo y director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
*Ismael Vega Díaz es antropólogo y director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Fuente: SERVINDI
